Jurisprudencia
Autos:Riberas del Mar SAC c/Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote y Otros - Exp N.º 00026-2022-0-1801-SP-LA-60 (S) EJE
País:
Perú
Tribunal:Corte Superior de Justicia de Lima - Séptima Sala Laboral
Fecha:01-08-2022
Cita:RL-MMMCCCXXXVII-676
Voces
Sumilla
  1. En el proceso arbitral, debe recomponerse con independencia las deficiencias que puedan originarse a su interior, a través de los distintos medios procesales regulados para tal fin, en el Decreto Legislativo N° 1071, debiendo ser agotados éstos por las partes, como medios idóneos para expresar sus reclamos en vía judicial.

Corte Superior de Justicia de Lima - Séptima Sala Laboral

Lima, 01 de Agosto de 2022.-

 

 

  • VISTOS:

En Audiencia Pública, realizado el 21 de julio de 2022, interviniendo como ponente el señor Juez Superior Huatuco Soto, en la demanda sobre Nulidad Total de Laudo Arbitral, por lo que corresponde emitir pronunciamiento.

  • LAS PARTES:

  • PARTE DEMANDANTE:

a.1) RIBERAS DEL MAR S.A.C. En adelante, "RIBERAS DEL MAR" o "la Compañía".

  • PARTE DEMANDADA:

b.1) SINDICATO DE PESCADORES DEL PUERTO DE CHIMBOTE "JOSÉ OLAYA BALANDRA." En adelante, el Sindicato.

b.2) TRIBUNAL ARBITRAL, conformado por los Árbitros: ROSA ISABEL UGAZ VALLE, MARCOS ALBERTO SUCLUPE MENDOZA, PABLO DANIEL QUIROS CUBILLAS. En adelante El Tribunal Arbitral.

c) LITIS CONSORTE NECESARIO:

c.1) PESQUERA DON AMÉRICO S.A.C.

  • PETITORIO:

Con escrito de demanda de fojas 213 a 215 de autos, RIBERAS DEL MAR S.A.C., interpone demanda de IMPUGNACIÓN DE LAUDO ARBITRAL ECONÓMICO, de fecha 05 de enero de 2022 (en adelante El Laudo), notificado el 01 de febrero de 2022, expedido por el Tribunal Arbitral, en el trámite del procedimiento arbitral de negociación colectiva con el SINDICATO DE PESCADORES DEL PUERTO DE CHIMBOTE "JOSÉ OLAYA BALANDRA", y el TRIBUNAL ARBITRAL, conformado por los Árbitros: Rosa Isabel Ugaz Valle, Marcos Alberto Suclupe Mendoza, Pablo Daniel Quirós Cubillas; en adelante el Tribunal Arbitral, por el pliego de reclamo 2015-2016, por adolecer de vicios de nulidad, conforme a lo establecido en el artículo 66° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR.

Señala, como sustento de impugnación del citado laudo arbitral, las siguientes causales de nulidad:

3.1. Nulidad por contravenir lo dispuesto en el artículo 65° de la LRCT, en concordancia con lo establecido por el artículo 57° de su Reglamento, ya que el

Tribunal Arbitral, no acogió en su Integridad ninguna de las propuestas finales presentadas por las partes y no ejerció válidamente la facultad de atenuación conferida por ley, llegando incluso a suprimir la clausula octava de la propuesta final del sindicato, referida la capacitación y productividad laboral, alterando de esta forma la propuesta final, por lo que no ha acogido en su integridad ninguna de las dos propuestas, por el contrario, lo que el tribunal ha hecho, es adoptar parcialmente la propuesta, contraviniendo lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco ha justificado su decisión de atenuar la propuesta del sindicato.

3.2. Nulidad por contravenir lo dispuesto en el artículo 65° de la LRCT, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 57° del RLRCT, toda vez que el Tribunal Arbitral no tomó en consideración las conclusiones del Dictamen Económico y Financiero del MTPE al momento de laudar.

3.3. Nulidad dado que el Tribunal Arbitral no siguió el procedimiento regular previsto en el artículo 61-B del RLRCT, pues otorgó al Sindicato una ampliación de plazo para presentar su propuesta final de manera ilegal, lo que constituye una razón de nulidad.

3.4. Nulidad debido a que el Laudo Arbitral, adolece de falta de motivación, vulnerando así su derecho al debido proceso regulado en el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución, en contravención a su vez del artículo 56° y del literal b) del numeral 1 del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071, en la medida en que no ha motivado el sustento de su fallo, ni las razones de cada atenuación efectuada.

3.5. Nulidad, porque el Tribunal Arbitral, ha vulnerado el derecho de defensa de un tercero con legítimo interés en la emisión del Laudo Arbitral, vulnerando de este modo su derecho al debido proceso, en contravención del literal b) del numeral 1 del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071, en la medida en que el mismo repercute gravemente en las obligaciones de la empresa Pesquera Don Américo S.A.C., sin embargo, no ha participado en el procedimiento arbitral para ejercer de forma válida su defensa.

  • ANTECEDENTES:

4.1. FUNDAMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE:

La parte demandante, en su escrito de demanda, invoca como fundamentos los siguientes hechos:

4.1.1. El Tribunal Arbitral no acogió en su integridad ninguna de las propuestas finales presentadas por las partes, y no ejerció válidamente la facultad de atenuación conferida por ley, llegando incluso a suprimir la clausula octava de la propuesta final del sindicato, referida la capacitación y productividad laboral, alterando de esta forma la propuesta fina, por lo que no ha acogido en su integridad ninguna de las 2 propuestas, por el contrario, lo que el tribunal ha hecho, es adoptar parcialmente la propuesta, contraviniendo lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco ha justificado su decisión de atenuar la propuesta del sindicato, a pesar de tener la obligación de precisar las razones para adoptarlas.

4.1.2. El Laudo Arbitral es nulo, porque toda la propuesta final del Sindicato es extrema, de manera que no es razonable atenuar únicamente dos cláusulas bajo el sustento que brinda el Tribunal Arbitral. La falta de razonabilidad e incoherencia con la que el Tribunal Arbitral ha ejercido la facultad de atenuación es evidente a la luz de su escaza justificación para aplicarla, pues se limita a señalar que la implementación de la propuesta del Sindicato aumentarla en casi 50%, el costo estimado anual de los ingresos y condiciones de trabajo del personal sin fundamentar el motivo por el cual la eliminación de la cláusula octava y la disminución de la asignación diaria de víveres serian suficientes para que el proyecto de convenio colectivo de la organización sindical deje de ser "extremo" el Tribunal Arbitral únicamente realiza dos modificaciones que tienen un impacto ínfimo en el incremento de costos laborales: La primera de dichas modificaciones consiste en reducir la asignación de víveres de S/ 30.00 diarios a S/ 20.00, mientras que la segunda modificación consistió en eliminar la cláusula octava de la propuesta del Sindicato, relativa a capacitación y productividad laboral. El Laudo Arbitral es nulo, porque el Tribunal no dio cuenta de las razones por las que "atenuó" la cláusula quinta y octava en concreto, lo que implica en la práctica la modificación de una de las propuestas finales.

4.1.3. El Tribunal Arbitral, no tomó en consideración las conclusiones del dictamen económico y financiero elaborado por el MTPE. En el presente caso el Tribunal Arbitral deliberadamente omitió considerar dichas conclusiones. Por el contrario, para justificar su fallo únicamente se amparó en un reducido fragmento del Dictamen en el cual se señala que la Compañía en el año 2016, obtuvo una utilidad bruta ascendente a S/ 15'333,259.00, y que sin embargo, a efectos de analizar la situación económica y financiera de una Compañía, lo más relevante es el resultado del ejercicio, el cual resta todos los costos a la utilidad bruta y considera a su vez el Impuesto a la renta. Así, si se analiza la Tabla N° 8 del Dictamen, refiere, que podemos apreciar que el resultado del ejercicio del año 2016 únicamente asciende a S/ 3,678,188.00; monto que se aleja mucho de la suma Indicada por el Tribunal Arbitral en el laudo materia de impugnación; y que por si ello fuera poco, refiere, que en la Tabla N° 16, se evidencia que en los años 2016 y 2017 la rentabilidad económica de la compañía ha sido negativa.

4.1.4. Asimismo, si bien el Tribunal señala que únicamente corresponde tener en cuenta los resultados del año 2016, en la medida que el convenio colectivo es por el periodo de 2015-2016, lo cierto, es que sí corresponde tomar en cuenta los periodos posteriores, toda vez que los mismos determinan la posibilidad de nuestra Compañía de poder pagar la propuesta final que se adopte. Ello además, del hecho de que el propio MTPE, ha considerado dentro de su análisis los años 2017, 2018 y 2019, evidenciando aún más que los mismos deben ser tomados en consideración.

4.1.5. El Tribunal Arbitral, ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, regulado en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución, en la medida que ha omitido seguir el procedimiento regular previsto en el RLRCT, otorgando un plazo ilegal para presentar las propuestas finales y a su vez ha incurrido en motivación aparente e insuficiente, adoleciendo el laudo de falta de

Motivación. El Incumplimiento del procedimiento previsto en la RLRCT evidencia una desviación del Tribunal Arbitral respecto del procedimiento previamente establecido; es así que el Tribunal, se desvió del procedimiento regulado en la LRCT y el RLRCT, al otorgar un plazo ilegal para que ambas partes presenten sus propuestas finales, debiendo haber ordenado la conclusión del procedimiento arbitral. En el presente caso, el incumplimiento del procedimiento previsto en la RLRCT, evidencia una desviación del Tribunal Arbitral, respecto del procedimiento previamente establecido; es así que el Tribunal se desvió del procedimiento regulado en la LRCT y el RLRCT al otorgar un plazo ilegal para que ambas partes presenten sus propuestas finales, debiendo haber ordenado la conclusión del procedimiento arbitral.

4.1.6. El arbitraje laboral se rige por sus propias reglas, las cuales están contenidas en la LRCT y su Reglamento, por lo que el Decreto Legislativo N° 1071 solo es aplicable supletoriamente en todo aquello que no se encuentre regulado en dichas normas. Así pues, considerando que el artículo 61-B del RLRCT dispone expresamente que el plazo para que las partes presenten sus propuestas es de 5 días hábiles, el Tribunal Arbitral no se encuentra facultado a otorgar una ampliación, ya que se trata de un plazo perentorio.

El Tribunal Arbitral incurrió en motivación aparente e insuficiente respecto a los argumentos por los cuales acogió la propuesta final del Sindicato. En efecto, tal como se puede apreciaren el Laudo Arbitral, el único análisis que realiza el Tribunal para justificar su fallo está referido a cifras aisladas del año 2016 que no constituyen conclusiones del Dictamen, omitiendo tomar en cuenta los resultados de los demás años, más aún cuando la propuesta del Sindicato incrementa los costos laborales en cerca de un 50% respecto del año anterior.

Toda vez que a partir del año 2017 la empresa Pesquera Don Améríco S.A.C. se convirtió en el nuevo empleador de los trabajadores que laboraron para la demandante y pertenecían al Sindicato como consecuencia de la escisión de un bloque patrimonial constituido por embarcaciones, y por los vínculos laborales con los trabajadores, la decisión final tiene un impacto directo en las obligaciones de dicha empresa, por lo que la misma debió haber participado en el procedimiento arbitral a efectos de plantear su estrategia de defensa.

4.2. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA DEL LITIS CONSORTE NECESARIO: PESQUERA DON AMÉRICO S.A.C.

4.2.1. El Litis Consorte Necesario referido, con su escrito que corre en autos de folios 266 a 275 de autos, contesta la demanda, solicitando se declare la nulidad del laudo arbitral económico, de fecha 05 de enero de 2022 al contravenir diversos artículos del Decreto Supremo N° 010-2003-TR (en adelante "RLRCT") y el Decreto Legislativo N° 1071, además de vulnerar nuestro derecho al debido proceso, particularmente su derecho de defensa; ya que el Tribunal no ha acogido en su integridad ninguna de las propuestas finales presentadas por las partes, no ejerciendo válidamente su facultad de atenuación; Asimismo sostiene, que el Tribunal no tomó en consideración las conclusiones del Dictamen Económico y Financiero emitido por el MTPE al momento de resolver; y que otorgó al sindicato, una ampliación de plazo ilegal para presentar su propuesta final. Por otro lado, argumenta que el laudo arbitral adolece de falta de motivación, vulnerando su derecho al debido proceso. Respecto a la empresa Pesquera Don Américo, refiere, que el laudo arbitral ha sido emitido en vulneración de su derecho de defensa, toda vez que no han participado, ni en el procedimiento arbitral, ni en la negociación colectiva, pese a que el laudo pretende tener efectos jurídicos sobre nuestra Compañía, a pesar de que a partir del año 2017, refiere, que se convirtió en el empleador de los trabajadores que laboraron para la empresa demandante y perteneciente al sindicato, ello debido al escisión de un bloque patrimonial, el cual comprendió tanto las embarcaciones como los vínculos laborales.

4.3. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA DEL SINDICATO NACIONAL DE UNIDAD DE TRABAJADORES DE LA SUNAT:

El sindicato demandado, mediante escrito de fojas 293 a 309 de autos, contesta la demanda y solicita que la demanda sea declarada improcedente o infundada, y fundamenta la misma, en lo siguiente:

4.3.1. En lo que respecta a la primera causal, refiere, que la demandante, no tienen sustento alguno, toda vez, que le laudo arbitral resulta por demás claro al señalar que acoge la propuesta final presentada por el sindicato. El hecho que el tribunal arbitral haya considerado no adoptar una de las cláusulas de la propuesta final en la solución final, que adoptó en nada origina una causal de nulidad; ya que el tribunal arbitral, tiene la faculta de atenuación, que conlleva el poder modificar la propuesta final adoptada en alguna de las cláusulas; de manera tal que, si elije por ejemplo la propuesta final de la empresa, puede elevar en algo dicha propuesta; y si elije en la propuesta final formulada por el sindicato puede rebajar en algo alguna de las cláusulas. Esa es la única manera como puede entenderse la facultad de atenuación, pues caso contrario se estaría creando una interpretación en la cual solo se perjudicaría al Sindicato.

4.3.2. En cuanto a la segunda causal, considera que no se acredita esa afirmación de la demandante, pues conforme se acredita del laudo arbitral, en la página 15, explica los motivos de la atenuación, que resultan básicamente del hecho que conforme al Dictamen Económico Financiero evacuado por el MTPE se tienen que: "(...) la empresa en el año 2016 tuvo una importante utilidad bruta ascendente a S/ 15´333,259.00, sin embargo la implementación del proyecto del convenio incrementaría en 49.14% el costo estimado anual de las remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo vigentes de los trabajadores.". Así las cosas, tenemos que el tribunal arbitral si ejerció válidamente la facultad de atenuación, lo contrario hubiera resultado en que se recoja la propuesta final del sindicato tal y cual.

4.3.3. En cuanto a que la propuesta final del Sindicato era extrema, refiere, que el tribunal arbitral, realizo la valoración de cada una de las propuestas finales formuladas por las partes; y explicó las razones por las cuales optó por la propuesta final formulada por el sindicato. El punto de vista de la empresa demandante, en relación con que su entender la propuesta final del sindicato resulta extrema, carece en absoluto de sustento alguno; pues, refiere, que dicha facultad de elección le corresponde al tribunal arbitral; y ni siquiera al Poder Judicial; pues este poder del Estado se encuentra prohibido de modificar un laudo arbitral, conforme a reiterada jurisprudencia.

4.3.4. Conforme se advierte del análisis de las páginas 13 a 16 del Laudo Arbitral, el Tribunal arbitral, realizado el análisis del Dictamen Económico Financiero N° 028- 2021-MTPÉ/2/14.1 de fecha 23 de junio de 2021, pues hace referencia a la utilidad bruta ya los factores financieros tales como la prueba ácida a la que hace referencia a su vez el dictamen económico financiero emitido por el MTPE. En ese sentido, resulta falsa la afirmación efectuada por la demandante.

4.3.5. En cuanto a que no se ha seguido el procedimiento regular que señala en la Ley. Refiere, que esa afirmación resulta falsa, toda vez, que el la empresa no formuló su propuesta final dentro del plazo establecido por el tribunal a ambas partes; luego el tribunal arbitral adopto la decisión de otorgar a la empresa un nuevo plazo para que presente una propuesta final, lo cual fue aceptado por el sindicato; de manera tal que a ambas partes se les otorgó un nuevo plazo para presentar la propuesta final; y que ello fue aceptado por la empresa, tanto así que presentó una nueva propuesta final.

4.3.6. En cuanto a la vulneración del debido proceso. Esta causal no tiene sustento, toda vez, refiere como ya han referido, el tribunal arbitral en las páginas 13 a 16, realizó la fundamentación por la cual adopto la propuesta del final formulada por el sindicato; conforme se acredita del laudo arbitral en la página 15, en la que explica los motivos de la atenuación, que resultan básicamente del hecho que conforme al Dictamen Económico Financiero evacuado por el MTPE se tienen que: "(...) la empresa en el año 2016 tuvo una importante utilidad bruta ascendente a S/ 15´333,259.00, sin embargo la implementación del proyecto del convenio incrementaría en 49.14% el costo estimado anual de las remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo vigentes de los trabajadores." Sino también en el comportamiento de la empresa durante todo el proceso de negociación colectiva, pues no solo dejo de pagar los honorarios del tribunal arbitral; sino que dificulto todo el procedimiento al negarse a recibir las notificaciones del Ministerio de Trabajo y del propio Tribunal Arbitral; vale decir un comportamiento por demás obstruccionista hacia el proceso de negociación colectiva.

V.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA:

5.1. En principio debemos tener en cuenta, que el proceso de impugnación de un Laudo Arbitral, es aquella acción interpuesta a petición de parte o por un tercero, dentro de un procedimiento laboral previamente establecido, contra un Laudo que tiene los efectos de un Convenio Colectivo, cuando conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros; entendiéndose por Laudo Arbitral a aquella resolución dictada por el Tribunal Arbitral elegido por las partes, cuyo propósito es la solución definitiva del conflicto económico sometido a su decisión.

5.2. El Laudo Arbitral, derivado de una negociación colectiva, conforme lo establece el artículo 3° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley 29497 (NLPT), es susceptible de impugnación ante las Salas Laborales de las Cortes Superiores, y deben ser tramitada conforme al procedimiento previsto en la misma ley. En el mismo sentido, el artículo 61-A, inciso a) del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LRCT), establece que: "Las partes tienen la facultad de interponer el arbitraje potestativo en los supuestos: a) Las partes no se ponen de acuerdo en la primera negociación, en el nivel o su contenido." (sic.); y en el artículo 4° (aplicación supletoria en el procedimiento arbitral) de la Resolución Ministerial N° 284-2011-TR (Emiten normas complementarias a las disposiciones establecidas en el D.S. N° 014-2001-TR, sobre arbitraje en materia de relaciones colectivas de trabajo), prescribe: "En el arbitraje de negociaciones colectivas es aplicable supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1071, Norma que regula el arbitraje, y sus normas modificatorias, en lo que resulten aplicables con su naturaleza." (sic.).

5.3. Asimismo, el artículo 66° del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, LRCT, establece que el laudo arbitral es susceptible de impugnación ante la Sala Laboral de la Corte Superior, en los siguientes casos: por razón de nulidad y por establecer menores derechos a los contemplados por la ley a favor de los trabajadores; y el artículo 69° del mismo dispositivo, establece como causal de nulidad insalvable que el Laudo se haya celebrado bajo presión derivada de violencia sobre personas o cosas.Por otro lado, el artículo 63° del Decreto Legislativo Nº 1071, aplicable supletoriamente, precisa que el laudo arbitral, solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y prueba:

a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz.

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han

ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo.

d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión.

e. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional.

f. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional.

g. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral.

Pero, precisa en sus numerarles siguientes que:

1) Las causales previstas en los incisos a), b), c) y d) sólo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas.

2) Tratándose de las causales previstas en los incisos d) y e), la anulación afectará solamente a las materias no sometidas a arbitraje o no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan separarse de las demás; en caso contrario, la anulación será total. Asimismo, la causal prevista en el inciso e) podrá ser apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de anulación.

3) La causal prevista en el inciso g) sólo será procedente si la parte afectada lo hubiera manifestado por escrito de manera inequívoca al tribunal arbitral y su comportamiento en las actuaciones arbitrales posteriores no sea incompatible con este reclamo.

4) No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo y la parte interesada no cumplió con solicitarlos

5.4. Al tratarse el presente proceso sobre Nulidad de Laudo Arbitral Económico, resulta de aplicación el artículo 61° y siguientes del TUO de la LRCT, que desarrolla de manera detallada el arbitraje como alternativa frente al ejercicio del derecho colectivo, precisando que de no haberse llegado a un acuerdo en negociación directa o en conciliación, de haberla solicitado los trabajadores, podrán someter el diferendo a arbitraje, Por otro lado, para la impugnación de un laudo arbitral derivado de una negociación colectiva, se debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 66° del TUOLRCT, el cual señala que el Laudo Arbitral puede ser materia de impugnación en los siguientes casos:

1. Por razón de nulidad y

2. Por establecer menores derechos a los contemplados por la ley a favor de los trabajadores".

5.5. Por otro lado, debemos tener en cuenta, que en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 04 de agosto de 2017, se estableció en el punto I, respecto a la Nulidad de Laudos Arbitrales económicos, lo siguiente: "Las normas aplicables para determinar las causales de nulidad, que se puede invocar válidamente en un proceso de impugnación de laudo arbitral -económico en materia laboral son las siguientes:

Los artículos 63° a 66° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2003-TR. El artículo 56° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2003-TR, en concordancia con el artículo 65° de la misma norma y el artículo 57° de su Reglamento, regulado por el Decreto Supremo N° 011-92-TR.

Los literales b y d del inciso 1 del artículo 63° de la Ley arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071." (sic.). Asimismo, el Pleno de la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Apelación NLPT N° 4968-2017 LIMA, ha establecido, que en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, teniendo en consideración las normas legales vigentes, y lo acordado en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional, referido, ha asumido, como criterio jurisdiccional respecto de las causales de nulidad de un laudo arbitral económico, lo siguiente: "El laudo arbitral será nulo cuando se presente alguno de los supuestos que a continuación enumeramos:

a) Cuando el árbitro, tribunal o alguno de sus miembros, están impedidos de participar como tales (artículo 64° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR);

b) Cuando se pronuncie en forma distinta a alguna de las propuestas finales de las partes o combinando planteamientos de una y otra (artículo 65° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR);

c) Cuando se ha expedido bajo presión derivada de modalidades irregulares de huelga o de daños a las personas o las cosas (artículo 69° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR);

d) Cuando se haya emitido sin tener en cuenta el informe de la Autoridad Administrativa de Trabajo (Apelación N° 11673-2015-LIMA de fecha once de diciembre de dos mil quince);

e) Cuando una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de alguna actuación arbitral, o por cualquier motivo no ha podido ejercer sus derechos (literal b), del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071); y

f) Cuando el árbitro o tribunal arbitral resuelve sobre materias no sometidas a su decisión (literal d), del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071)." (sic.)

Precisando, en el considerando noveno de dicha resolución, que lo establecido, constituye Precedente de Obligatorio cumplimiento, por las instancias inferiores, referido a las causales de nulidad del Laudo Arbitral económico. En ese sentido, estando a que los Plenos Jurisdiccionales constituyen mecanismos institucionalizado en el Poder Judicial y que tiene como propósito examinar situaciones problemáticas relacionadas al ejercicio de al función jurisdiccional respecto a diferentes criterios en la interpretación de las normas ante casos similares, en las que se propician discución, debate, reflexión de los magistrados, en las que lo participantes de los plenos, han escuchado la exposición de expertos en el tema; por lo que creemos que los plenos conducen al perfeccionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional y el fortalecimiento del sistema jurídico, y estando a que en el referido pleno, se ha discutido, respecto a las causales de nulidad de los Laudos Arbitrales, y se ha determinado cuales son las normas aplicables para determinar las causales de nulidad, que se puede invocar válidamente en un proceso de impugnación de laudo arbitral; a fin de evitar que se interpongan demandas invocando cualquier causal de nulidad del Laudo Arbitral, conclusiones a que el colegiado comparte lo establecido en dicho Pleno, más aún, si en el considerando noveno de la referida resolución, se establecido, que constituye Precedente de Obligatorio cumplimiento.

5.6. En cuanto a la primera causal de nulidad expuesta por la empresa demandante, referida, a que el Tribunal Arbitral no acogió en su integridad ninguna de las propuestas finales de una de las partes. En el presente caso, como ya se ha referido, la empresa demandante, peticiona la Nulidad del Laudo Arbitral, basado, en la infracción del artículo 65° del D.S. N° 010-2003-TR, TUO de LRCT que prohíbe que el Laudo se pronuncie en forma distinta a alguna de las propuestas finales de las partes o combinando planteamientos de una y otra, el haber acogido indebidamente la propuesta final de la empresa a pesar de incurrir en una profunda ilegalidad por incorporar nuevas propuestas en su documento denominado "propuestas finales", las mismas que no fueron objeto de debate en el proceso arbitral ni en la etapa de trato directo y conciliación por las partes, y mucho menos estaban estipuladas en el pliego de reclamos presentado por el sindicato, vulnerando el derecho de defensa del sindicato, la debida motivación y por extensión el debido proceso arbitral. De la revisión del expediente, podemos advertir que en autos obra de folios 1022 a 1027 la propuesta final de Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote "José Olaya Balandra", y de folios 1017 a 1019, la propuesta final de la demandante Riberas del Mar, las cuales han sido transcritas en el Laudo Arbitral que obra de folios 1107 a 1130 en autos, específicamente, entre los folios 1110 a 1119; asimismo, en entre los folios 1122 y 1129, obra la decisión que toma el Tribunal Arbitral, en la cual se señala, que acoge la propuesta final del Sindicato de forma atenuada, exponiendo las razones para dicha decisión en el numeral V del laudo arbitral: "Propuesta adoptada por el Tribunal Arbitral" (folios 1119 a 1122) de lo que se concluye, que el Tribunal Arbitral, ha acogido una de las propuestas de las partes, en este caso, el del Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote "José Olaya Balandra", pero de forma atenuada, lo que reconoce la misma demandante, y está dentro de las facultades que le concede la Ley al Tribunal Arbitral.

5.7. En cuanto a que se suprimió la clausula octava de la propuesta del Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote "José Olaya Balandra", debemos precisar, que con la supresión efectuada por el Tribunal Arbitral, el perjudicado por la referida supresión de esa cláusula, el afectado sería el Sindicato y no la empresa Brisas del Mar, por lo que este argumento, no puede servir de sustento a la empresa demandante, para solicitar la nulidad del laudo arbitral, pues no es la parte afectada, careciendo de legitimidad para obrar, respecto a esta supuesta causal; ya que para solicitar la nulidad del Laudo Arbitral, tenía que acreditar que le afecta ese hecho, lo que no ha ocurrido; por lo que podemos concluir, que la demandante no ha acreditado, que se haya configurado la causal de nulidad antes descrita.

5.8. Sobre la segunda causal de nulidad del laudo arbitral, referida a que no se habría tomado en consideración las conclusiones del Dictamen Económico Financiero elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; al respecto, debemos indicar, que si bien la empresa demandante, refiere, que el Tribunal Arbitral, no ha tomado en cuenta el Dictamen Económico Financiero del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sin embargo, en su escrito de demanda, contradictoriamente señala el Tribunal Arbitral, no ha tomado en cuenta la situación económica y financiera de la demandada, después del año 2017. Ya que en el texto del Laudo Arbitral, en la parte IV referido a la Propuesta Adoptada por el Tribunal Arbitral, se verifica, que el Tribunal Arbitral si ha tomado en cuenta el Dictamen Económico Financiero del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual obra en autos de folios 980 a 1004, y que a modo de sustento, textualmente se ha referido que: "(...) la empresa en el año 2016 tuvo una importante utilidad bruta ascendente a S/ 15´333,259.00, sin embargo la implementación del proyecto del convenio incrementaría en 49.14% el costo estimado anual de las remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo vigentes de los trabajadores." (sic.). De lo que podemos concluir, que la empresa demandante, no ha acreditado que se haya configurado la causal de nulidad antes descrita.

5.9. En cuanto a la tercera causal de nulidad propuesta, referida a que, al demandante, se le otorgó un plazo ampliatorio para que presente su propuesta final; al respecto, de la revisión del expediente, podemos advertir que en autos obra de folios 1020 a 1027 la propuesta final de Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote "José Olaya Balandra", y de folios 1017 a 1019, la propuesta final de la demandante Riberas del Mar, ambas propuestas fueron presentadas por las partes el 22 de noviembre de 2021, conforme a lo que se dispuso en la Audiencia del 15 de noviembre de 2021, conforme se verifica, de la comunicación que dirigió el tribunal arbitral el 24 de noviembre 2021 a las partes, y corre de folios 1020 a 1021 en autos; por lo que, si bien, el Tribunal Arbitral otorgó un plazo ampliatorio para que las partes presenten sus propuestas finales, dicha ampliación de plazo, no fue solo para el Sindicato, sino para ambas partes, es decir, también se le otorgó a la demandante dicha ampliación del plazo; por lo que, la demandada no ha acreditado que se haya configurado la causal de nulidad antes descrita.

5.10. Sobre la cuarta causal de nulidad del laudo arbitral, referido a la falta de motivación de la decisión tomada por el Tribunal Arbitral y de las razones de cada una las atenuaciones. Como ya se expuso, del texto del Laudo Arbitral, podemos ver, que en la parte IV referida a la Propuesta Adoptada por el Tribunal Arbitral, que corre de folio 1119 a 1122, podemos verificar, las razones por las que adopta la propuesta del Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote "José Olaya Balandra", y las razones por las cuales atenúa parte de dicha propuesta, no siendo competente esta Sala Superior Laboral, para emitir un juicio de valor, respecto a las razones que sustentan la decisión del Tribunal Arbitral, por cuanto sería un pronunciamiento sobre el fondo, lo que se encuentra proscrito en un proceso judicial de nulidad de laudo arbitral; por lo que estando a que la demandada, no ha acreditado que se haya configurado la causal de nulidad antes descrita, se declara infundada la demandada por esta causal.

5.11. En cuanto a la quinta causal de nulidad del laudo arbitral, referido a que la empresa Américo S.A.C., no ha participado en el procedimiento arbitral. Al respecto, debemos precisar, que en el presente proceso, la empresa Américo S.A.C., tiene la calidad de litis consorte¸ habiendo ejercido su derecho a la defensa, en tal sentido, de folios 266 a 275 de autos, corre la contestación de la demandada que efectuó; y si bien se afirma, que por la escisión a partir del año 2017, resulta ser la empleadora de los miembros del Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote "José Olaya Balandra"; sin embargo de los anexos que ha adjuntado a su escrito de contestación de demanda, no acredita a que e miembros del sindicato se refiere. Asimismo, podemos ver del RUC de la referida empresa, que corre a folios 94, verificándose con el mismo, que inició sus actividades el 17 de marzo de 2017, lo que significaría que a partir de dicha fecha, sería el empleador de los trabajadores del sindicato, si fuera el caso; sin embargo, el laudo arbitral materia del presente proceso judicial, cuya nulidad es materia del proceso, es la que resolvió la Negociación Colectiva del 2015-2016, entre el Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote "José Olaya Balandra" y la Empresa Brisas de Mar S.A.C.; se estableció su vigencia en la Cláusula Tercera, referida a "La Vigencia del Presente Convenio Colectivo", se ha establecido expresamente que: "La vigencia el presente Convenio Colectivo de Trabajo será de UN (01) año, iniciándose el plazo de convenio el 09 de julio de 2015 y concluye el 08 de julio del 2016." (sic.); Por lo que teniendo en cuenta, que la escisión a que refiere la empresa demandada y la empresa Don Américo S.A.C., y que fue ratificada en la audiencia, se efectúo el19 de octubre de 2017, por lo que en la vigencia del Laudo Arbitral, al ser sólo hasta el 07 de julio de 2016, no afecta a la empresa Pesquera Don Américo S.A.C.; ya que la obligada, por la vigencia del Laudo Arbitral, resulta siendo la empresa demandante; por lo que tampoco la empresa demandada ha acreditado que se haya configurado la causal de nulidad antes descrita; por lo que no se puede amparar su pretensión.

5.12. Respecto a los costos procesales, debemos señalar, que la condena en costas y costos, se regula conforme a la norma procesal civil, como así lo dispone el artículo 14° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, y que la condena en costos y costas no requieren ser demandados, sin embargo, su cuantía o modo de liquidación debe ser de expreso pronunciamiento en la sentencia, conforme así lo establec en forma expresa el artículo 31° Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir que uno de los mecanismos previstos por la NLPT, para agilizar el trámite de los procesos labores, es que la sentencia determina expresamente la cuantía o el modo de liquidación de los costos, para evitar su dilación innecesaria en ejecución de sentencia; En tal sentido, el el artículo 412° del Código Procesal Civil, señala que la condena en costas y costos se establece por cada instancia, pero si la resolución de segunda revoca la de primera, la parte vencida pagará las costas y costos de ambas; y por su lado el articulo 413° del Código Procesal Civil, exime a las entidades públicas como lo es la demandada Sunta, del pago de las costas y costos procesales, por ser parte del Poder Ejecutivo, por lo que se le exonera del pago de Costas; Sin embargo, respecto a los costos procesalse, la Séptima Disposición Complementaria y Final de la Nueva Ley Proceal del Trabajo, Ley N° 29497, establece en forma expresa que: "En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos.". (sic.), norma especial es aplicable al caso de autos; en tal sentido, atendiendo que en el presente caso, se desestima la demanda, corresponde imponerse la condena en costos a la entidad demandante, por ésta instancia, debiendo fijarse su cuantía o forma de liquidación, como lo exige imperativamente el artículo 31° de la NLPT; en ese sentido, consideración la naturaleza de la pretensión invocada, que es inapreciable en dinero, el rechazo de las pretensiones reclamadas; la relativa complejidad del caso, por lo que en este Colegiado, fija los costos en el equivalente al importe a Una Unidad Impositiva Tributaria (1.0 UIT), que la entidad demandante, deberá abonar a favor de la parte demandada; que será liquidado en ejecución de sentencia; precisándose que para hacer efectivo el cobro de los costos, la parte demandada deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan conforme lo establece el artículo 418° del Código Procesal Civil.

VI.- DECISIÓN:

Por estos fundamentos, y de conformidad con el inciso 3) del artículo 3º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, N° 29497, la Séptima Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, impartiendo justicia a nombre de la Nación:

HA RESUELTO:

6.1. Declarar INFUNDADA la demanda interpuesta por la empresa RIBERAS DEL MAR S.A.C. contra el SINDICATO DE PESCADORES DEL PUERTO DE CHIMBOTE "JOSÉ OLAYA BALANDRA." y otros; por lo que se absuelve de la instancia a la parte demandada.

6.2. IMPONER a la entidad demandante, la condena para el pago de costos procesales, conforme al considerando 5.12 de la presente sentencia.

6.3. DISPONER la publicación de la presente resolución, consentida o ejecutoriada sea la presente sentencia, de conformidad con la Cuarta Disposición Final del Código Procesal Constitucional. NOTIFIQUESE.-